Hermosillo, Son. 9 de octubre de 2007. - En su sesión de este día, la LVIII Legislatura recibió dos iniciativas de diputados del PRD y del PAN, aprobó dos dictámenes y conoció un posicionamiento del grupo parlamentario del PRI Sonora respecto a la agenda de Mejora Regulatoria del Estado de Sonora.
El diputado Juan Manuel Sauceda Morales presentó una iniciativa con punto de acuerdo para que el Congreso del Estado integre, a la brevedad, la Comisión Plural que habrá de dictaminar sobre las solicitudes de los ciudadanos interesados en fungir como consejeros propietarios y suplentes del Consejo Estatal Electoral.
Expuso que es inaplazable que esta Soberanía resuelva sobre el nombramiento de los nuevos consejeros, a fin de que se acabe la incertidumbre, en virtud de que a dos de ellos ya se les venció el término al ser elegidos para un periodo electoral y continúan tomando decisiones y devengando sus percepciones salariales como tales.
La propuesta del punto de acuerdo presentada por el legislador establece que el Congreso del Estado nombrará a la Comisión Plural que presentará ante el Pleno el dictamen sobre los expedientes remitidos por el Consejo Estatal Electoral, de los aspirantes a los cargos que habrán de ser renovados del citado órgano electoral, en la primera sesión ordinaria de la tercera semana del mes de octubre de 2007.
Lo anterior con base al Artículo 22, párrafo cuarto y Artículo 64 fracción XX de la Constitución Política del Estado, y Artículo 88 fracción V del Código Electoral para el Estado de Sonora. El asunto se turnó a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.
Enseguida el diputado Edmundo García Pavlovich, a nombre del grupo parlamentario del PAN por la Transparencia, dio lectura a un proyecto con punto de acuerdo relacionado al uso y destino de los recursos derivados de la línea de crédito autorizada al titular del
Poder Ejecutivo en el Estado en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal de 2006, por la cantidad de mil 300 millones de pesos.
La propuesta establece instruir al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, para que de acuerdo a las facultades que le otorga la Constitución Política local, investigue los actos u omisiones relativos a irregularidades presentes en el ingreso, manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos derivados de varios financiamientos.
Agrega que deberán compulsarse con las instituciones bancarias acreedoras, las transacciones correspondientes y la documentación que sustente los depósitos, así como la documentación comprobatoria que el Gobierno del Estado les presentó para dar cumplimiento a las obligaciones de hacer y no hacer contenidas en los contratos de crédito, y que presente a esta Soberanía el detalle de todos esos movimientos con copia certificada de la documentación bancaria.
Esta propuesta se envió a la Comisión de Vigilancia del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.
Otro punto del Orden del Día fue el dictamen presentado por la Segunda Comisión de Examen Previo y Procedencia Legislativa, al que dio lectura el diputado José Salomé Tello Magos, relativo al escrito de un ciudadano que solicitó a esta Soberanía inicie procedimiento de declaratoria de procedencia penal en contra de un funcionario del Ayuntamiento de Agua Prieta.
La comisión consideró no es de tomarse en consideración el escrito presentado por el ciudadano Eduardo Pesqueira Pesqueira, regidor propietario del Ayuntamiento de Agua Prieta, en contra del ciudadano Manuel Arnulfo Valdez Salinas, tesorero municipal, ya que dicho funcionario no cuenta con fuero constitucional que impida proceder penalmente en su contra.
Posteriormente las comisiones de Presupuestos Municipales presentaron
un proyecto de Decreto con respecto a las propuestas de planos y tablas de valores unitarios de suelo y construcción aprobadas por los ayuntamientos del Estado, las cuales se aprobaron.
Como último punto del Orden del Día, el grupo parlamentario del PRI Sonora presentó un posicionamiento sobre la agenda de mejora regulatoria del Congreso del Estado.
El diputado Rogelio Díaz Brown Ramsburgh dio lectura a dicho posicionamiento en el que proponen que el Congreso del Estado establezca un programa permanente de análisis y actualización del marco jurídico sonorense, para lo cual instruirá a las comisiones ordinarias de dictamen legislativo para que se aboquen al estudio del orden jurídico estatal y determinen si se requiere o no modificar, abrogar o crear nuevos ordenamientos jurídicos.
Asimismo para que el Congreso del Estado consulte al titular del Poder Ejecutivo estatal, para efecto de que remita a esta Soberanía el listado de leyes que ese poder tiene registrados con el carácter de vigente a esta fecha, y emita su opinión con relación a la vigencia y aplicabilidad de las siguientes leyes:
? Ley número 69, aprobado el 23 de abril de 1919, que Fija el Número de Ministros de Cultos Religiosos que Deberán Ejercer su Ministerio en el Estado.
? Ley número 116, que reglamenta la Ley número 69 de 23 de abril de 1919, reformada por la número 22 de 27 de noviembre de 1931, aprobada el 22 de junio de 1932.
? Ley número 48, De las Asociaciones y Confederaciones Agrícolas y Ganaderas del Estado de Sonora, aprobada el 30 de abril de 1934.
? Ley número 133, Que crea las Oficinas de Investigación e Identificación Criminal, aprobada el 19 de febrero de 1935.
? Ley número 117, del Ahorro Escolar en el Estado de Sonora, aprobada el 25 de enero de 1952,
? Ley número 109, que Establece el Arancel para los Notarios del Estado de Sonora, aprobada el 20 de diciembre de 1989.