Hermosillo, Son. 13 de noviembre de 2007. - La adición de diversas disposiciones al Código Civil para el Estado de Sonora, con el fin de incluir el concepto de servidumbre legal de uso minero acorde a lo establecido en la nueva Ley de Minería, aprobó la LVIII Legislatura en su sesión de este día.
El proyecto de decreto busca establecer, dentro de la normativa que regula la propiedad en el Estado, disposiciones que hagan más fácil y sencilla la resolución de diferencias o controversias entre los propietarios de predios y los titulares de concesiones o asignaciones mineras.
?Con la aprobación de la modificación que venimos solicitando, en nuestro Estado se estaría sentando un precedente muy favorable para la actividad minera, al generar condiciones para dar solución a una problemática que ha venido siendo un lastre para el desarrollo minero en la entidad?, dice el dictamen presentado por la Comisión de Minería.
El diputado Francisco García Gámez dio lectura al proyecto que adiciona los artículos 1268-BIS, 1279-A, 1279-B, 1279-C, 1279-D, 1279-E y 1279-F, todos al Código Civil.
La Ley de Promoción y Fomento Minero se aprobó el pasado 7 de noviembre y tiene como objetivo establecer de manera permanente en el Estado, un marco de desarrollo más congruente y de mayor solidez para el sector, proporcionando incentivos para fomentar el desarrollo de la industria minera.
En la sesión de este día, la diputada Petra Santos Ortiz presentó una propuesta con punto de acuerdo para que el Congreso del Estado de Sonora manifieste su rechazo a las recientes detenciones de los dirigentes Juan Murguía Franco y Alfonso Chaparro.
Asimismo para que los poderes ejecutivos Federal y estatal realicen las acciones necesarias con el propósito de que sean liberados de inmediato, y que se exhorte al titular del Poder Ejecutivo en
el Estado, para que en la atención y solución a los problemas sociales de la entidad, se privilegie el diálogo y la concertación, y se suspenda la política intimidatoria y de represión a los luchadores sociales.
El asunto se turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Como último punto del Orden del Día se aprobó un proyecto de acuerdo con respecto a la minuta proyecto de Decreto que reforma los artículos 74, 79, 122 y 134; adiciona los artículos 73, 74, 76, 116, 122 y 134, y deroga el Artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que remitiera la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.
La reforma establece las siguientes previsiones:
? Contar con mecanismos de evaluación que permitan conocer si el curso que se sigue en la ejecución de los programas de gasto público es adecuado.
? Fortalecer las funciones de fiscalización del Congreso de la Unión, a través de la Auditoría Superior de la Federación, para perfeccionar las atribuciones para auditar el desempeño de los programas gubernamentales.
? No sólo incrementar la calidad del gasto público, sino realizarlo de una manera transparente.
? Se establece la posibilidad de que se aprueben erogaciones plurianuales para la inversión en infraestructura.
? Se prioriza la rendición de cuentas, al adelantar los plazos para la presentación de la cuenta pública y su revisión.
? Se crean las bases jurídicas necesarias que sustenten la construcción de un sistema nacional de fiscalización que, sin menoscabo de la soberanía de las entidades federativas, establezca los principios rectores de la fiscalización, asegure autonomía de los organismos fiscalizadores y, mediante la homologación de normas y criterios contables entre Federación y las entidades federativas, asegure una rendición más responsable y rigurosa.
? Se sientan las
bases para homologar principios en materia de fiscalización y rendición de cuentas, de tal forma que la Auditoría Superior de la Federación, a través de los organismos de fiscalización locales, pueda llevar a cabo la revisión de los recursos federales ejercidos en las entidades federativas.
El dictamen, al que dieron lectura los diputados Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Fernando Morales Flores y Juan Manuel Sauceda Morales, integrantes de la Primera Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, establece la coincidencia con el Congreso de la Unión, en el sentido de brindar mayor certidumbre a la inversión en infraestructura.
Esto se refiere a la aprobación de presupuestos en inversión que abarquen más de un ejercicio fiscal, es decir, presupuestos multianuales, tal y como la LVIII Legislatura aprobó mediante una reforma a la Constitución Política del Estado de Sonora, pues se trata de condiciones que permitirán, sin duda, generar proyectos en infraestructura de largo plazo para beneficio de los mexicanos.
Al término de la sesión, el presidente de la mesa directiva, diputado Edmundo García Pavlovich, recibió a un grupo de personas que solicitaron la intervención del Poder Legislativo para encontrar una solución al adeudo que enfrentan con Infonavit.
Los ciudadanos afectados plantearon la posibilidad de que el Gobierno del Estado, a través de la Dirección de Bienes y Concesiones, adquiera la cartera vencida que tienen con la institución, que se haga una tregua con el área jurídica de Infonavit y se cancelen los juicios.
El acuerdo al que llegaron fue programar una reunión con diputados, funcionarios de gobierno y representantes de Infonavit para analizar cada uno de los casos. En la reunión estuvieron presentes también los diputados Irma Villalobos Rascón, Petra Santos Ortiz y Fernando Morales Flores.