Hermosillo, Son. 15 de noviembre de 2007. - Para regular aspectos como la concurrencia de competencia entre el Estado y municipios, en lo relativo a la atención de las personas que intentan cruzar ilegalmente la frontera, el Congreso del Estado aprobó este día la Ley de Protección y Apoyo a Migrantes.
?Esta nueva legislación no pretende regular aspectos reglamentarios de la migración y emigración en México, conscientes de que dicha temática es de competencia federal, ni mucho menos pretende resolver esta problemática tan compleja y multidisciplinaria, sino reconocer un mínimo de derechos para los migrantes?, destaca el dictamen.
La diputada Irma Villalobos Rascón, impulsora de la iniciativa, explicó que la Ley establece políticas públicas de apoyo y atención a migrantes, principalmente en alimentación, salud, respeto a los derechos humanos, ayuda jurídica y de transporte a sus lugares de origen.
?Que los gobiernos, en sus propuestas de presupuestos, incluyan un fondo para poder dar atención y se forme un consejo para tener esa buena relación entre el Estado y los municipios?, confió la legisladora.
La Ley de Protección y Apoyo a Migrantes también regula la participación social en los programas locales de atención a migrantes, los derechos y obligaciones, las atribuciones de la Oficina de Atención a Migrantes, las atribuciones del Consejo Estatal y las funciones del Registro Estatal.
El dictamen fue leído por los diputados Irma Villalobos Rascón, Reynaldo Millán Cota y Leticia Amparano Gámez, integrantes de las comisiones Primera y Segunda de Asuntos Fronterizos.
En la sesión de este día se aprobó el dictamen presentado por la Primera Comisión de Hacienda, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal, en lo relativo al derecho por la prestación que llevan a cabo los municipios por el servicio de alumbrado público.
El dictamen se basó en dos iniciativas: la primera de ellas presentada por el grupo parlamentario del PRD, la cual tiene por
objeto la eliminación del cobro de dicho derecho, lo cual repercutiría de forma negativa en la hacienda pública municipal de los ayuntamientos, consideró la comisión.
La segunda fue presentada por el titular del Ejecutivo en el Estado, misma que tiene por objeto modificar la base para el cálculo del derecho de alumbrado público y se busca garantizar que los ayuntamientos tengan las bases jurídicas para que puedan cobrar por la prestación que el mismo les genere, distribuyendo dicho costo entre los usuarios que lo reciban.
El dictamen refiere que en diversas jurisprudencias emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionadas con los derechos, se establece deben entenderse de la siguiente manera:
?Las contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del mismo y sus dependencias a personas determinadas que los soliciten, de tal manera que para la determinación de las cuotas correspondientes por conceptos de derechos ha de tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios iguales?.
La mayoría de los integrantes de la Primera Comisión de Hacienda consideraron que las modificaciones planteadas por el titular del Poder Ejecutivo en el Estado, atienden de manera puntual los criterios jurisprudenciales antes señalados, por lo que se determinó que la vigencia de la reforma inicie el 1 de enero de 2008, con el objeto de que en las leyes de ingresos puedan establecerse las bases para una contribución acorde a las exigencias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Juan Manuel Sauceda Morales, integrante de la comisión, presentó un voto particular a nombre del grupo parlamentario del PRD, en el sentido de que dicha reforma afectaría a las familias de menores ingresos y no se podría condicionar la prestación del servicio de energía eléctrica al pago
