Hermosillo, Son. 15 de septiembre de 2006. - La LVII Legislatura de Sonora llevó a cabo su última sesión, la cual fue de carácter extraordinario y en la que se le dio curso a diversos asuntos, como reformas a la Constitución Política del Estado, la aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y las cuentas públicas de ayuntamientos y del Estado.
Asimismo se aprobaron dos acuerdos de las comisiones de Régimen Interno y Concertación Política, y de Administración, el primero que resuelve devolver al Ejecutivo del Estado los recursos económicos reintegrados por los diputados de la LVII Legislatura con motivo del acuerdo número 149 del 13 de septiembre de 2005.
El segundo resuelve establecer como dieta de los diputados de la LVIII Legislatura la cantidad de 65 mil 203 pesos, sin que puedan recibir retribución adicional por cualquier otro concepto. Dicha cantidad deberá incrementarse durante el mes de febrero de cada año, en un porcentaje similar al señalado por el Banco de México como índice inflacionario del ejercicio inmediato anterior.
La mesa directiva para esta sesión extraordinaria estuvo integrada por los diputados Ismael Flores García, presidente; Guadalupe Gracia Benítez, vicepresidenta; Blenda Nubia Antelo Anduro, primera secretaria; María Carmela Estrella Valencia, segunda secretaria y Edith Gutiérrez Lizárraga, suplente.
Las comisiones unidas Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Justicia y Derechos Humanos, presentaron el dictamen de iniciativa de Ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora, la cual tiene como finalidad el perfeccionamiento y un mejor funcionamiento de los órganos fundamentales que estructuran al Poder Judicial del Estado.
Para ello se separan las funciones jurisdiccionales de las funciones propiamente
administrativas y de carrera judicial que deben tener a su cargo, respectivamente, el Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo del Poder Judicial.
Entre los principales aspectos de esta Ley destacan que la administración del Poder Judicial recaerá en el Consejo del Poder Judicial del Estado, con excepción del Supremo Tribunal de Justicia, mismo que se encargará de la vigilancia y supervisión de los órganos jurisdiccionales y administrativos.
Se establece que los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia se distinguirán entre sí por el calificativo numérico que corresponda al orden en que hayan sido designados, a fin de que exista certidumbre en los casos de sustitución de los propios magistrados o de suplencia del Presidente por impedimentos, faltas accidentales o temporales.
Se plantea instituir un nuevo Consejo del Poder Judicial del Estado y que se integre por cinco consejeros propietarios y cuatro suplentes, de los cuales uno de los primeros será el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que lo será también del Consejo.
Asimismo por dos consejeros nombrados por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, el primero de entre los magistrados de éste órgano o magistrados regionales de circuito, y el segundo de entre los jueces de primera instancia, ambos con su respectivo suplente; un consejero propietario y su suplente designados por el Congreso del Estado, con el voto, cuando menos, de las dos terceras partes de sus integrantes.
Los restantes consejeros propietario y su suplente serán designados por el Ejecutivo del Estado.
Para que los integrantes del Consejo no permanezcan indefinidamente en su encomienda y se dé cabida a otros que los sustituyan, se propuso que salvo el Presidente del STJ, los consejeros propietarios duren cinco años en su encargo, sean sustituidos en forma escalonada y que los propietarios
no puedan ser nombrados para un nuevo periodo.
Otra reforma determina que los jueces locales serán nombrados por el Consejo del Poder Judicial del Estado.
La Ley fue aprobada por unanimidad y será enviada a los municipios para su aprobación.
Se aprobó además la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, cuyo dictamen también presentó la Primera Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Esta legislación tiene como finalidad contar con un marco normativo moderno y acorde a la realidad, al identificar y recuperar experiencias relevantes en los sistemas de planeación urbana, redefinir las facultades y atribuciones de las autoridades.
Asimismo para determinar los principales instrumentos de operación, gestión, control y seguimiento que permitan generar e inducir una operación eficiente de la planeación del desarrollo urbano, aplicada a la región.
La Comisión de Vigilancia presentó el Acuerdo por el cual, con base a las conclusiones contenidas en los informes de resultados emitidos por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, aprueba las cuentas públicas del ejercicio fiscal de 2005 en 63 ayuntamientos.
Las cuentas públicas que no fueron aprobadas corresponden a los ayuntamientos de Aconchi, Bacanora, Etchojoa, Mazatán, Naco, Pitiquito, San Miguel de Horcasitas, San Ignacio Río Muerto y Soyopa.
Asimismo se presentó el informe de resultados de revisión y fiscalización de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal, al cual empezó a dar lectura el diputado Alejandro Elías Serrano, presidente de la Comisión de Vigilancia, quien interrumpió dicha lectura ante la solicitud de un receso.
La Presidencia intentó reanudar la sesión pasado un tiempo considerable, pero al no reunirse el quórum reglamentario, ya que se encontraban 15 legisladores en el salón de Pleno, se determinó suspender la sesión.