feb 12 2008

Autorizan gestionar recursos ante la Federación

                                                Hermosillo, Son. 12 de febrero de 2008. - La Diputación Permanente instruyó a los integrantes de las comisiones de Asuntos Fronterizos, a gestionar ante autoridades federales recursos para destinarlos a los municipios que enfrentarán los efectos de la entrada en vigor de la Ley HB2779, del Estado de Arizona.

El Acuerdo aprobado esta tarde por unanimidad establece la preocupación por la problemática que atraviesan los municipios de la región fronteriza de Sonora con relación a la población flotante que cada vez en mayor medida se establece en sus territorios, lo cual se ha recrudecido con motivo de la legislación aprobada en el vecino
                                            
                                                Estado.

Destaca que el pasado 30 de enero, los integrantes de la Segunda Comisión de Asuntos Fronterizos llevaron a cabo una reunión de trabajo en la cual se tomó el acuerdo de solicitar a la Diputación Permanente la formación de una comisión integrada por diputados del Congreso del Estado.

El Acuerdo, al cual dio lectura el diputado Óscar Téllez Leyva, vicepresidente de la mesa directiva, agrega que dicha comisión asistiría a las cámaras del Congreso de la Unión, para manifestar  a legisladores federales diversos planteamientos correspondientes a la problemática social que se presenta en los municipios que colindan con Estados Unidos, producto de
                                            
la entrada en vigor de la Ley HB2779.

?Con dicha medida se busca fortalecer la economía de los municipios fronterizos, los cuales cuentan con un presupuesto insuficiente para hacer frente a las necesidades más apremiantes derivadas del flujo migratorio de personas que cruzan a Estados Unidos y que son deportadas a los diversos puertos fronterizos del Estado?, dice.

Lo anterior agrava aún más la situación financiera municipalista, indica, por lo tanto se requieren mayores recursos para hacer frente a la migración forzada que se producirá por la implementación de la multicitada Ley, lo cual repercutirá en la prestación de los servicios públicos municipales.