Hermosillo, Son. 3 de junio de 2008. - Ante la necesidad social y jurídica de establecer sanciones adecuadas a quienes incurren en conductas que dañan el patrimonio cultural y la propiedad privada, este día se turnó a la Primera Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales una iniciativa de reformas al Código Penal y a la Ley que Establece el Sistema de Justicia para Adolescentes.
El diputado Ventura Félix Armenta, autor de la propuesta, expuso que en los últimos años la imagen urbana de las principales ciudades del Estado de Sonora se ha venido deteriorando por el auge de dibujos, gráficos, manchas a paredes con pinturas y escrituras que implican daños y alteraciones al patrimonio de los sonorenses.
Agregó que la idea es que el Congreso del Estado exhorte a los 72 ayuntamientos de la entidad, para que en el marco de sus facultades reglamentarias, modifiquen los bandos de Policía y Buen Gobierno o, en su caso, su reglamento interno, para proponer además de las sanciones administrativas, el mecanismo de la conciliación para obtener la reparación del daño a los bienes públicos o privados.
Dicho mecanismo consistiría en que los jóvenes mayores de edad que sean sorprendidos por la autoridad realizando esa conducta, realicen la restauración de los espacios dañados y regresarlos a su estado original, lo anterior como medida correctiva.
Asimismo contempla un procedimiento ante el Juez calificador o la dependencia que los ayuntamientos
consideren, para realizar los convenios o conciliación entre los perjudicados por las pintas y los padres o tutores de los menores de edad que sean sorprendidos realizando las pintas o grafitis, e implementen las medidas necesarias con el fin de establecer la prohibición de venta de pinturas en aerosol a menores de 18 años.
Propone revisión a Ceresos
En la sesión de este día la diputada Petra Santos Ortiz presentó una iniciativa con punto de acuerdo relativo a la violación de los derechos humanos de las personas que visitan reclusos en los Centros de Readaptación Social del Estado de Sonora, misma que se turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
La legisladora indicó que los integrantes de la LVIII Legislatura deberían tomar cartas en el asunto, en el marco de sus facultades prescritas en el Artículo 64 de la Constitución Política del Estado de Sonora, que en su fracción XXXV establece la obligación de velar por la conservación de los derechos de los ciudadanos y habitantes del Estado, y proveer, por cuantos medios estén a su alcance, a su prosperidad general.
“Como legisladores debemos poner un alto a esto y verificar directamente el trato que sufren los familiares y los internos de los Centros de Readaptación Social, máxime si existen a la fecha recomendaciones hechas por el organismo estatal de los derechos humanos dirigidas a estos centros, y buscar, en el ámbito de nuestras atribuciones las posibles soluciones”, expresó.
La
