Hermosillo, Son. 12 de junio de 2008. - Una propuesta con punto de acuerdo, un dictamen de la Segunda Comisión de Examen Previo y Procedencia Legislativa, así como dos posicionamientos de grupos parlamentarios fueron los asuntos que trató la sesión de Pleno de este día.
La diputada Petra Santos Ortiz presentó la propuesta con punto de acuerdo para exhortar a los gobiernos federal, estatal y municipal a llevar a cabo las acciones necesarias para restituir a los sonorenses y mexicanos en general el derecho al uso y disfrute de las playas del litoral de la entidad.
Expuso que, en virtud de que ha pasado un año de que la LVIII Legislatura emitió un exhorto al Ejecutivo Federal y no se le ha dado cumplimiento ante el despojo y bloqueo de las playas de Guaymas, es pertinente insistir ante los tres niveles de gobierno.
“Que cada cual, en el ámbito de sus respectivas competencias y facultades, y de forma coordinada asuman la impostergable tarea de garantizar lo dispuesto por los ordenamientos legales, ya involucrados en el cuerpo del presente documento, y devolver no sólo a los habitantes de este municipio, sino a todos los sonorenses y mexicanos, el inalienable derecho al libre tránsito y disfrute de las playas del litoral sonorense”, afirmó.
La propuesta también establece que el
Congreso del Estado exhorte al Poder Ejecutivo estatal para dar cumplimiento a la solicitud y al Ayuntamiento de Guaymas para que, con apego a sus facultades, contribuya a dicha restitución.
Enseguida el diputado Luis Melecio Chavarín Gaxiola dio lectura, a nombre de la Primera Comisión de Examen Previo y Procedencia Legislativa, del acuerdo que establece no es de tomarse en consideración el escrito presentado por el ciudadano Alejandro Moreno Lacarra, vecino de esta ciudad.
Esta persona había solicitado se iniciara procedimiento de declaratoria de procedencia de responsabilidad penal en contra de diversos ciudadanos, servidores públicos, instituciones de procuración e impartición de justicia y contra el Juez Primero de Distrito en el Estado.
Del análisis del escrito presentado se desprende que los ciudadanos motivo de la denuncia no tienen el carácter de servidores públicos que establece el Artículo 143 de la Constitución Política del Estado de Sonora, además no precisa servidor público o qué delitos cometieron en su contra diversas instituciones de Gobierno, lo cual es causa de improcedencia, dice el Acuerdo.
Posicionamientos
La diputada Irma Dolores Romo Salazar presentó, a nombre del grupo parlamentario del PAN por la Transparencia, un posicionamiento para exigir a Gobierno
