Hermosillo, Son. 19 de junio de 2008. - Los ayuntamientos de Sonora podrán ampliar sus atribuciones en el manejo contable de los recursos a los cuales acceden y con ello se evitarán las observaciones que cada año emite el órgano fiscalizador, al aprobarse una modificación a la Ley de Gobierno y Administración Municipal.
La Comisión de Vigilancia del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización presentó este día al Pleno el dictamen que establece modificar el Artículo 61 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, sin que ello signifique dar carta abierta a los ayuntamientos para crear partidas en forma discrecional.
“Se traduce en una acción tendiente a mejorar y optimizar el manejo de recursos, así como la auditoría y fiscalización de dicho manejo en los municipios del Estado”, destaca el proyecto de Decreto que fue leído por el diputado Edmundo García Pavlovich.
Actualmente la Ley de Gobierno y Administración Municipal permite que los ayuntamientos tengan atribución para autorizar la ampliación, transferencia y supresión de las partidas del Presupuesto de Egresos en los términos de Ley y publicarlos en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
Con la modificación aprobada este día y una vez que entre en vigor, los municipios podrán crear partidas en su presupuesto, como establece el Decreto que reforma el Artículo 61, fracción IV, inciso J) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, para quedar como sigue:
J).- Autorizar la creación, ampliación, transferencia y supresión de las partidas del Presupuesto de Egresos en los términos de la Ley y publicarlos en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
Durante la discusión en lo general, el diputado Mónico Castillo Rodríguez propuso que se modifique la Ley de Gobierno y Administración Municipal para que los presidentes municipales no tengan la facultad de nombrar a los contralores.
El diputado García Pavlovich expuso con esta modificación los ayuntamientos podrán evitarse las observaciones que cada año emite el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.
Buscan establecer control para casas de empeño
En la sesión de este día, la Presidencia turnó a las comisiones Primera y Segunda de Hacienda la iniciativa presentada por los integrantes del grupo parlamentario del PRI, con proyecto de ley que
determina las bases de operación de las casas de empeño del Estado de Sonora.
Dicha iniciativa pretende establecer un control sobre este tipo de establecimientos que realizan contratos de mutuo con intereses y garantía prendaria, evitando la comisión de prácticas lesivas en contra de la población, para lo cual deberán tramitar ante la Secretaría de Hacienda el permiso de operación correspondiente.
Otro aspecto relevante, dice el documento, consiste en establecer la obligación para los permisionarios de este tipo de establecimientos, de llevar un registro pormenorizado de todos los bienes que reciben como garantía de sus préstamos y remitirlo mensualmente a la autoridad gubernamental..
De esta forma se corroboraría que todos aquellos bienes que hayan sido otorgados en prenda no hayan sido obtenidos de manera ilícita, establece la iniciativa a la cual dieron lectura los diputados Claudia Pavlovich Arellano y Sergio Cuéllar Yescas.
Enseguida la diputada Leticia Amparano Gámez presentó una iniciativa con punto de acuerdo a fin de que la LVIII Legislatura realice diversas acciones legislativas relacionadas con la violencia intrafamiliar.
La legisladora propuso se incluya dentro de la agenda del Congreso del Estado correspondiente al periodo de sesiones extraordinarias comprendido del 1 de julio al 15 de septiembre del presente, la aprobación de las reformas al marco legal vigente que permitan a las mujeres acceder a sus derechos fundamentales y sancionar a quienes los transgreden, en los términos propuestos por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Asimismo solicitar al titular del Poder Ejecutivo en el Estado que, dentro del proyecto de presupuesto de egresos del Gobierno del Estado para 2009, incluya en un apartado especial de gasto público intransferible, los recursos suficientes que permitan a las autoridades estatales competentes en materia de violencia intrafamiliar, llevar a cabo acciones de prevención y detección temprana.
Igualmente se le solicita se contemplen recursos públicos para labores de difusión y promoción de una cultura que busque erradicar de la sociedad la violencia hacia las mujeres, sostuvo. La propuesta se turnó a la Comisión de Asuntos de la Mujer.
Darán segunda lectura a iniciativa
La Primera Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales presentó al Pleno el dictamen con proyecto de ley que reforma la fracción III del Artículo 33 de la Constitución Política del Estado de Sonora.
El diputado Juan Manuel Sauceda Morales dio lectura a dicho proyecto con el que se busca garantizar el acceso de los ciudadanos al poder público, dada la nueva conformación de los distritos electorales en el Estado.
Establece que, en virtud de la redistritación recientemente aprobada por el Pleno del Congreso, existirán algunos distritos que abarcarán dos o más municipios, así como otros que se integrarán en un solo municipio, por lo que se busca que el requisito de acreditación de la vecindad y residencia efectiva sea en el municipio o cabecera de distrito.
III. Tener vecindad y residencia efectiva dentro del distrito electoral correspondiente, excepto en el caso de aquellos municipios que cuenten con más de una cabecera distrital en su demarcación territorial, donde bastará que se acredite la vecindad y residencia en el Municipio de que se trate.
La vecindad y residencia a que se refiere esta fracción deberá ser de cuando menos dos años inmediatamente anteriores al día de la elección, tratándose de los nativos del Estado, y de cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección, en caso de no serlo.
Al dictamen se le dará segunda lectura el martes 24 de junio.
Como último punto del Orden del Día, la diputada Petra Santos Ortiz presentó un posicionamiento sobre la violencia y el narcotráfico en el Estado de Sonora.
Expuso el Estado debe ser el principal garante de la seguridad de la población y, por ende, debe recurrir, dentro de lo que establecen las leyes, a todo lo que esté a su alcance para erradicar la violencia y las causas que la engendran, por lo que es altamente preocupante que existan señalamientos que vinculan al Gobernador con el crimen organizado.
“Para los habitantes del País y de nuestro Estado es muy importante tener la plena certeza de que los gobernantes están del lado de quien trabaja y actúa honrada y pacíficamente, y no cargar con la duda de que puedan ser partidarios de algunos de los bandos criminales que se disputan el mercado de la droga”, aseveró.
La población en general debe confiar en las instituciones y en las personas que están al frente de ellas, dijo la diputada Santos Ortiz.