jun 30 2008

Aprueban leyes de Fiscalización Superior y de Alianzas Público-Privadas

                                                Hermosillo, Son. 30 de junio de 2008. - El Congreso del Estado clausuró esta tarde el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias correspondiente al segundo año de su ejercicio constitucional, previa aprobación de las leyes de Fiscalización Superior y de Alianzas Público Privadas de Servicios del Estado de Sonora, así como de la elección de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente para el periodo julio-septiembre 15 de 2008.

Durante la sesión de Pleno también fue aprobado el Acuerdo que designa a los ciudadanos que integrarán el Comité Ciudadano de Evaluación del Desempeño del Poder Legislativo, así como tres dictámenes que modifican las leyes de ingresos de los municipios de Navojoa, Arizpe y General Plutarco Elías Calles, y se turnaron a comisiones cuatro iniciativas de diputados.

La Segunda Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales presentó al Pleno el dictamen con proyecto de Ley que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora y de Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. Ambas fueron aprobadas por mayoría.

El dictamen se elaboró con base a los escritos presentados por los diputados integrantes del grupo parlamentario del PAN en la LVII Legislatura y por el entonces diputado José Rodrigo Vélez Acosta, integrante del grupo parlamentario del PRI de la misma Legislatura.

Ambas propuestas tienen el propósito de dotar al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización de todas las herramientas jurídicas que le permitan cumplir su cometido en beneficio de la sociedad sonorense.

La iniciativa recoge los principios bajo los cuales se debe desarrollar la función de fiscalización, como son los de posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad, mismos que se encuentran contemplados en la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de fiscalización y rendición de cuentas.

El objeto principal de la Ley es regular la revisión, auditoría y fiscalización de los estados financieros y las cuentas pública estatal y municipales, así como establecer la organización y funcionamiento del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, y las bases y procedimientos para la recuperación de los daños y perjuicios al patrimonio público del Estado y de los municipios, y las medidas disciplinarias en contra de los sujetos de fiscalización por infracciones a la Ley.

En el Capítulo II relativo al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización se establece, en el Artículo 10, que la designación del Auditor Mayor se sujetará al siguiente procedimiento:

I.	La Comisión de Vigilancia, con al menos cinco meses de anticipación al vencimiento del periodo de ejercicio de que se trate, emitirá una convocatoria pública que se difundirá en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y en dos medios impresos  y de circulación masiva, convocando a los profesionistas que reúnan los requisitos para ocupare el cargo,
                                            
                                                para que dentro de un plazo de quince días hábiles contados a partir de la última publicación, presenten ante el Congreso su respectiva solicitud y la acreditación de los requisitos que exija la convocatoria.
II.	Concluido el plazo, la Comisión analizará dentro de los quince días siguientes y revisará la documentación recibida y la acreditación del cumplimiento de los requisitos que señale la convocatoria y procederá a publicar inmediatamente por una sola vez, en los medios de difusión en que se publique la convocatoria, la lista de aspirantes que acrediten los requisitos. Para el caso de que éstos sean en número menor a cinco se emitirá una segunda convocatoria cuyos términos serán similares a la primera.

“Con esta Ley dotamos de todas las herramientas jurídicas necesarias al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización para que cumpla con sus obligaciones de fiscalizar el gasto público de todos los entes de gobierno, de aquellos órganos que se reconoce su autonomía desde el orden constitucional”.... dice el dictamen.

Reformas a la Constitución
A la par de la Ley de Fiscalización se modificaron los artículos 67 y 150 de la Constitución Política del Estado de Sonora, con el objeto de establecer que por autonomía presupuestal deberá entenderse la facultad que tiene el Instituto para aprobar su anteproyecto de presupuesto y enviarlo a la Secretaría de Hacienda, por conducto del Congreso del Estado.

Además que ejerza las erogaciones que le correspondan conforme a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos y en la legislación aplicable; la facultad de realizar sus pagos a través de su propia Tesorería, y llevar su contabilidad y elaborar sus informes que enviará trimestralmente al Congreso del Estado al final del ejercicio para la elaboración de la cuenta pública.

El diputado Edmundo García Pavlovich, presidente de la Comisión de Vigilancia del ISAF, consideró se trata de una Ley apropiada que le garantiza autonomía presupuestal y de gestión técnica al Instituto, lo cual antes no tenía ya que su presupuesto procedía del Congreso del Estado.

Ahora los programas de los niveles de gobierno van a ser evaluados por el Instituto en el sentido de su eficacia y transparencia, sostuvo, además de que habrá un límite de tiempo para que las dependencias entreguen su información-

“Yo estoy muy contento porque en el sentido legal creo que vamos a salir aprobados, es importante decir que el Instituto ha demostrado trabajar objetivamente y esperamos que lo siga haciendo. Ya tiene las herramientas adecuadas y esperamos que lo siga haciendo”, aseveró.

Uso eficiente de recursos con Ley de Alianzas
Por mayoría se aprobó igualmente la iniciativa de Ley de Alianzas Público-Privadas de Servicios del Estado de Sonora, la cual tiene el objeto de establecer esquemas de contratación que permitan la participación del sector privado en la previsión de servicios públicos de apoyo y construcción de infraestructura en áreas
                                            
donde tiene una ventaja comparativa.

De esta manera se busca estructurar la relación entre el sector público y el privado, distribuyendo los riesgos hacia quien mejor los pueda controlar, establece el dictamen presentado por las comisiones Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales y Primera de Hacienda.

Con ello se permitirá un uso más eficiente de los recursos públicos, ya que le permitirá a las dependencias contratantes delegar proyectos de inversión y prestación de servicios a integrantes del sector privado o proveedores con más experiencia y capacidad de ejecución.

Entre sus ventajas destacan: no requiere endeudamiento del Estado, se difiere el impacto presupuestal de inversiones, la interrelación con el sector privado genera eficiencias en la prestación de servicios y la generación de infraestructura, y la entidad contratante paga la contraprestación al proveedor, únicamente cuando el servicio se preste con las características y calidad acordadas.

La iniciativa original, que fue presentada por el titular del Ejecutivo en el Estado, establecía que los ayuntamientos podrían celebrar contratos de alianzas público-privadas y de servicios, por lo que se modificó para que las disposiciones se refirieren únicamente al Gobierno del Estado a fin de que realice dichos contratos.

También se modificó el Capítulo IV denominado “Inconformidades” del título Cuarto, con el objeto de establecer un procedimiento de defensa de las personas físicas o morales en contra de los actos u omisiones del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones de esta Ley. Se aprobó por mayoría.

Evaluación al desempeño legislativo
La Comisión de Régimen Interno y Concertación Política presentó el dictamen con proyecto de Acuerdo mediante el cual el Congreso del Estado resuelve designar a los ciudadanos que integrarán el Comité Ciudadano de Evaluación del Desempeño del Poder Legislativo.

Los ciudadanos que integrarán dicho comité son: Guillermo Alejandro Noriega Esparza, Claudia Berenice Zambada Ibarra, Odracir Ricardo Espinoza Valdez, Luis Palafox Torres, Antonio Solís Canevett, Rocío Salazar Urías, Luis Huesca Reynoso y Graciela Figueroa Merino.

Ellos rendirán protesta mañana ante la Mesa Directiva de la Diputación Permanente, la cual quedó integrada por los diputados Mónico Castillo Rodríguez, presidente; José Luis Marcos León Perea, vicepresidente; Juan Manuel Sauceda Morales, secretario y José Víctor Martínez Olivarría, suplente.

Antes de clausurar el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias, el diputado Emmanuel López Medrano, presidente de la Mesa Directiva, agradeció el apoyo de sus compañeros para el desempeño de su gestión y destacó que durante este mes se aprobaron cuatro nuevas leyes: las tres de la sesión de hoy, así como la Ley Orgánica del CESUES. También se aprobaron siete decretos y cinco acuerdos.

La Mesa Directiva de la Diputación Permanente citó a sesión para mañana a las 12:00 horas.