Hermosillo, Son.10 de octubre de 2006. - Con énfasis en la urgente atención de quienes laboran en el municipio de Etchojoa, el Congreso del Estado de Sonora acordó solicitar a las instancias que correspondan dar continuidad de manera integral, por la vía institucional, al proceso de homologación salarial de los trabajadores de Educación Básica y Normal.
El acuerdo aprobado es no obstante que se reconocen los esfuerzos realizados para atender las justas demandas del sector educativo y en él se manifiesta el respeto de la LVIII Legislatura por aquellas estrategias, formas de planteamiento y exigencia de demandas que no afecten el derecho de terceros.
Asimismo exhorta a las dependencias encargadas del orden interno y la gobernabilidad en el orden federal y estatal, a establecer las medidas necesarias para mantener el diálogo constructivo encaminado a la concertación de acuerdos viables, asumiendo con responsabilidad y en un clima de respeto y de concordia, el cauce institucional para la resolución de problemas.
También a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que, en la definición del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2007, realice las previsiones que al efecto resulten necesarias para dar efectivo cumplimiento a las disposiciones de la Ley General de Educación, particularmente lo relativo a destinar para el rubro de educación, al menos el 8% del Producto Interno Bruto del país.
El Acuerdo agrega que el Congreso del Estado de Sonora manifiesta su disposición para que en el proceso de análisis, discusión y, en su caso, aprobación de las iniciativas en materia de presupuesto del Gobierno del Estado para el siguiente ejercicio fiscal, se tome en cuenta la disponibilidad de recursos.
Esto es con el objetivo de incrementar, en términos reales, los destinados al sector educativo del Estado, considerando las previsiones necesarias para atender los requerimientos del salario profesional de los trabajadores de la educación, conforme a las responsabilidades de concurrencia señaladas en la Ley.
En la discusión con relación a este punto de Acuerdo, el primero en hacer uso de la voz fue el diputado Carlos Amaya Rivera, quien propuso se escucharan otros puntos de vista y se citara al titular de la Secretaría de Educación y Cultura para que opinara si el mismo está bien fundamentado o, en su caso, aportara más datos.
Enseguida el diputado José Salomé Tello Magos dijo eran de urgente resolución cada uno de los puntos planteados, ya que no se trataba de peticiones dañinas, ni de una dádiva,
sino de una solicitud con base en el Artículo 25 de la Ley General de Educación, que desde hace tres años establece debe aplicarse por lo menos el 8% del PIB al rubro educativo.
El diputado Zacarías Neyoy Yocupicio expuso que como representante de Etchojoa reconocía la lucha de los maestros de ese lugar y le preocupaba que ese municipio viva una situación de pobreza, por lo cual debía buscarse un acuerdo entre las partes.
Hizo un exhorto al titular del Ejecutivo en el Estado para que se siente a dialogar con los maestros de Etchojoa, ya que el problema viene de una lucha de años.
El diputado Reynaldo Millán Cota dio lectura a una propuesta con adiciones al punto de Acuerdo, la cual no fue aprobada al no reunir los votos suficientes. Se refería a exhortar a la Secretaría de Educación y Cultura, a la Secretaría de Gobierno y a las partes involucradas en el conflicto magisteral, a establecer una mesa de diálogo para encontrar una solución.
También a que el Congreso del Estado, por conducto de las comisiones de Hacienda, iniciara reuniones con el Secretario de Hacienda del Estado, con el propósito de establecer una asignación de recursos para la rezonificación de los trabajadores del municipio de Etchojoa, en primera instancia, así como los demás municipios faltantes.
En esta propuesta incluía solicitar al titular del Poder Ejecutivo retirara de inmediato a las fuerzas policiales asignadas extraordinariamente al municipio de Etchojoa, para evitar situaciones que generaran conflictos innecesarios.
En su intervención, la diputada Petra Santos Ortiz expuso podían aportarse 5 millones de pesos correspondientes a recursos que el Congreso del Estado no ejercerá, además pidió se retiren las suspensiones administrativas de varios maestros.
El diputado Carlos Daniel Fernández Guevara consideró no podían tomar decisiones coyunturales cuando se trataba de acordar sobre algo en específico, por lo que solicitó a los legisladores apoyar el punto de Acuerdo como fue presentado al Pleno.
Agregó que el Gobierno del Estado ha triplicado la inversión en educación, en tanto el diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez pidió respeto a la figura del titular del Ejecutivo en el Estado e hizo un llamado a respetar la Ley.
El diputado Mónico Castillo Rodríguez propuso se nombrara una comisión para dialogar con los involucrados en el conflicto magisterial, en apoyo a la propuesta presentada por el diputado Reynaldo Millán Cota.
A favor de esta propuesta con adiciones votaron los diputados Millán Cota, Petra Santos, Juan Manuel Sauceda,
Edmundo García, Leticia Amparano, Zacarías Neyoy, Carlos Amaya, Darío Murillo, Irma Romo y Castillo Rodríguez, pero al no reunir los votos suficientes no fue aprobada.
En la sesión de este día fue aprobado por unanimidad el Acuerdo para establecer un programa permanente de análisis y actualización del marco jurídico sonorense, para lo cual se instruye a las comisiones ordinarias de dictamen legislativo a que se aboquen al estudio del orden jurídico estatal.
Además para que determinen si se requiere o no modificar, abrogar o crear nuevos ordenamientos jurídicos en las materias que rigen la actuación de cada una de ellas, con base a lo dispuesto en el Artículo 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, pudiendo incorporar actividades de coordinación con el Poder Ejecutivo o la integración de grupos técnicos de trabajo que permitan cumplir eficazmente la encomienda.
Asimismo se consultará al titular del Ejecutivo en el Estado para que remita al Congreso del Estado el listado de leyes que ese poder tiene registrados con el carácter de vigente a esa fecha, y para que emita su opinión respecto a la vigencia y aplicabilidad material de las siguientes leyes:
? Ley 69 aprobada el 23 de abril de 1919, que fija el número de ministros de cultos religiosos que ejercerán su ministerio en el Estado.
? Ley 116 aprobada el 22 de junio de 1932, que reglamenta la Ley 69 del 23 de abril de 1919.
? Ley 48 aprobada el 30 de abril de 1934, de las asociaciones y confederaciones agrícolas y ganaderas del Estado de Sonora.
? Ley 133 aprobada el 19 de febrero de 1935, que crea las oficinas de investigación e identificación criminal.
? Ley 117 aprobada el 25 de enero de 1952, del ahorro escolar en el Estado de Sonora.
? Ley 109 aprobada el 20 de diciembre de 1989, que establece el arancel para los notarios del Estado de Sonora.
En la misma sesión se aprobaron los decretos que aprueban las propuestas de planos y tablas de valores unitarios de suelo y construcción, presentadas por los ayuntamientos de San Pedro de la Cueva, Nácori Chico, Huépac, Huachinera, Fronteras, Divisaderos, Cucurpe, Naco, Arizpe, Bacadéhuachi, Bacerac, Bacoachi,
Banámichi, Baviácora, Bavispe, Cananea, San Felipe de Jesús, San Miguel de Horcasitas y Suaqui Grande.
También las de Cajeme, Sahuaripa, Arivechi, Ónavas, Soyopa, San Javier, Bacanora, Oquitoa, Trincheras, Tubutama, Yécora, Quiriego, Benito Juárez, Etchojoa y Huatabampo.
Estas tablas servirán de base para determinar el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria para el ejercicio fiscal de 2007.