Hermosillo, Sonora, 24 de septiembre de 2008.- Para recibir nuevas aportaciones de los grupos parlamentarios, este miércoles se envió a segunda lectura el dictamen presentado por la Segunda Comisión de Educación y Cultura, con proyecto de Ley que regula el funcionamiento y operación de los establecimientos comerciales que prestan al público el servicio de acceso a Internet en forma onerosa en Sonora.
En sesión ordinaria del Congreso del Estado, además, se envió a segunda lectura un dictamen y un proyecto de Ley que reforma la Constitución Política del Estado de Sonora, que fue turnado para su análisis a la Segunda Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
La iniciativa de la diputada Petra Santos Ortiz, con proyecto de Ley que reforma el segundo párrafo del artículo 148 de la Constitución Política del Estado de Sonora, una vez hecha del conocimiento del Pleno, fue derivada a la citada Comisión.
Dicha propuesta tiene el objetivo de cambiar el término “pruebas suficientes”, contenido en el segundo párrafo del citado artículo constitucional, por el de “elementos de prueba”
para la presentación de denuncias contra servidores públicos.
El diputado Ventura Félix Armenta, presidente del Congreso del Estado dijo que se envió a segunda lectura el dictamen presentado por la Segunda Comisión de Educación y Cultura, con proyecto de Ley que regula el funcionamiento y operación de los establecimientos comerciales que prestan al público el servicio de acceso a Internet en forma onerosa en Sonora, para recibir más aportaciones.
El ordenamiento legal establece requisitos y horarios a los llamados “cibercafés”, principalmente, para evitar el acceso de menores de edad a información electrónica con contenidos aptos exclusivamente para adultos en establecimientos comerciales.
El documento, que fue leído por los diputados Irma Villalobos Rascón, Irma Dolores Romo Salazar y José Luis Marcos León Perea, establece reglas de funcionamiento, horarios y demás instrumentos de regulación para que se destinen equipos especiales para los menores de 18 años, con bloqueadores de contenidos pornográficos o violentos.
El dictamen que presentó la Comisión de Seguridad Pública, con punto