oct 16 2008

Consideran necesario se instale una AMP especializada en atención de Violencia Intrafamiliar en SLRC

                                                Hermosillo, Son. 16 de octubre de 2008. - Un exhorto al titular del Ejecutivo en el Estado aprobó enviar la LVIII Legislatura, a fin de que se instale una Agencia Investigadora del Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales y de Violencia Intrafamiliar con sede en San Luis Río Colorado.

Con base a una iniciativa de los diputados que integran la Comisión de Seguridad Pública, el Congreso del Estado solicitará que a través de la Procuraduría General de Justicia en el Estado se implementen las medidas necesarias y las previsiones presupuestales pertinentes para que se dé cumplimiento al Acuerdo.

Expusieron que en el municipio de San Luis Río Colorado se registraron 6 mil 450 denuncias por violencia intrafamiliar durante 2006 y 6 mil 615 el año pasado, así como 3 mil 15 en los primeros seis meses de 2008.

“Resulta alarmante el número de denuncias que se presentan sobre este delito, particularmente si tomamos en consideración que el delito de violencia intrafamiliar vulnera altos valores personales y familiares, tanto de los sujetos activos como de los sujetos pasivos del delito, trastocando principios básicos de la armonía comunitaria”, destaca el Acuerdo.

Los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Pública manifestaron es preocupante que San Luis Río Colorado no cuente con una Agencia del Ministerio Público especializada en la atención de la
                                            
                                                violencia intrafamiliar, para lo cual se apoyaron en una serie de manifestaciones de ciudadanos que residen en dicho municipio para contar con esa instancia gubernamental.

En otra parte de la sesión se aprobó remitir a la Primera Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, el escrito presentado por el ciudadano Bernardo Cabrera Lemas, con el que propone se reformen y deroguen diversas disposiciones del Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora.

Esta persona propuso se elimine la supletoriedad de la legislación local sobre los juicios en materia mercantil, la cual es una materia que deberían de conocer los juzgados de competencia federal, establece el dictamen.

Presentan posicionamientos

En la misma sesión se presentaron tres posicionamientos políticos de los diputados Juan Manuel Sauceda Morales, Irma Dolores Romo Salazar y Petra Santos Ortiz.

A nombre del grupo parlamentario del PRD, el diputado Sauceda Morales sostuvo que para el próximo ejercicio fiscal no se creen nuevos impuestos o se incrementen las tasas de los ya existentes, debido a que más carga tributaria haría más difícil la situación económica de las familias y de las empresas.

Asimismo que se destine más gasto a la inversión productiva y menos recursos al gasto corriente; que se privilegie la infraestructura social básica y la obra que genere empleo en los
                                            
municipios, y se reconozca la necesidad estratégica urgente para destinar mayores recursos presupuestales al fomento agropecuario.

Enseguida la diputada Romo Salazar habló sobre la celebración del Día Mundial de la Mujer Rural, la cual se instituyó el 15 de octubre de 1995 durante la Conferencia de Pekín, y a trece años de distancia, el trabajo de esas personas continúa siendo una simple colaboración del trabajo masculino y un apoyo secundario a la economía doméstica.

“En vísperas de que esta Soberanía reciba el proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado aprovecho esta fecha para exhortar a los diputados del Estado de Sonora a trabajar conjuntamente en la creación de instrumentos legales y presupuestales que busquen atender prioritaria e integralmente las necesidades de las mujeres rurales en Sonora”, expuso.

Por último la diputada Petra Santos Ortiz dio lectura a un posicionamiento sobre la especulación cambiaria de la semana pasada por parte de algunos empresarios, a costa de las reservas internacionales del Banco de México y de la depreciación del peso.

Estimó que el Poder Legislativo federal debería reformar el Artículo 28 de la Constitución General de la República, para que se prohíba expresamente la especulación financiera por el daño directo que causa a la población y al Estado mismo, por intereses contrarios al desarrollo de la sociedad.