Hermosillo, Son. 6 de febrero de 2009.- Dos nuevas leyes para el beneficio de los sonorenses quedaron aprobadas por unanimidad en sesión extraordinaria: de Cultura Física y Deporte, y de Prevención, Tratamiento y Control de Adicciones para el Estado de Sonora
En la misma rindieron protesta como diputadas las ciudadanas Magda Zulema Mosri Gutiérrez, María del Refugio Corral Martínez y Elsa Natalia Peña Alvídrez, quienes sustituyen a los diputados Carlos Daniel Fernández Guevara, Manuel Ignacio Acosta Gutérrez y José Luis Marcos León Perea, quienes el pasado 26 de enero solicitaron y así les fue concedida por la Diputación Permanente, licencia para separarse de manera temporal del cargo.
El Orden del Día contempló asimismo la presentación de un dictamen con proyecto de decreto que autoriza al Ayuntamiento de Nogales a gestionar y contratar con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, un crédito hasta por la cantidad de 5 millones de pesos.
Previamente y con base al imperativo previsto en los artículos 16, fracción V y 20 de la Ley que Crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos, su titular, Jorge Sáenz Félix, rindió su informe de labores ante el Pleno legislativo, que para esta sesión extraordinaria eligió mesa directiva.
La misma estuvo integrada por los diputados Irma Villalobos Rascón, presidenta; José Salomé Tello Magos, vicepresidente; Oliver Flores Bareño, primer secretario; Rogelio Díaz Brown, segundo secretario y Mónico Castillo Rodríguez, suplente.
Abrogarán Ley de Deporte
La Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Sonora contiene aspectos como derechos y obligaciones de los deportistas, sistema de cultura física y deporte de Sonora, la creación de un programa estatal de cultura física y deporte, infraestructura deportiva, de los estímulos a la cultura física y deporte, control de sustancias prohibidas, y de los riesgos y responsabilidad civil.
Esta es la primera ocasión, después de diez años, que se modifica la legislación en la materia que data del 12 de julio de 1999 y se denomina: Ley de Deporte para el Estado de Sonora, ya que de acuerdo al dictamen elaborado por las comisiones del Deporte y de Asuntos de la Juventud, tomaron como
base la iniciativa presentada por los integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y retomó aspectos de la propuesta hecha por la diputada Petra Santos Ortiz.
La nueva Ley fomenta el óptimo y ordenado desarrollo de la cultura física y el deporte en todas sus manifestaciones y expresiones, a fin de elevar el nivel de vida social y cultural de los habitantes en el Estado de Sonora; incentivar la inversión social y privada como complemento de la actuación pública; fomentar el desarrollo de la cultura física y el deporte como medio para prevenir la comisión de delitos.
Promover las medidas necesarias.para erradicar la violencia y reducir los riesgos en la práctica de actividades físicas, recreativas o deportivas que pudieran derivarse del doping, así como ordenar y regular a las asociaciones y sociedades deportivas, deportivo-recreativas, del deporte en la rehabilitación y de cultura física-deportiva.
Con la aprobación de la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Sonora y una vez que entre en vigor quedará abrogada la actual Ley de Deporte para el Estado de Sonora, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, Número 4, Sección IV, del día 12 de julio de 1999, así como todas aquellas disposiciones que se opongan a la misma.
Promueve principios y bases nueva Ley
La Ley de Prevención, Tratamiento y Control de Adicciones del Estado de Sonora proviene de una iniciativa presentada por los integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional por la Transparencia, la cual parte del establecimiento de los principios que deberán ser observados en la actuación gubernamental relacionada con la prevención, tratamiento y control de adicciones.
Se señalan y definen como principios de la Ley a la universalidad, equidad, accesibilidad, participación, calidad, globalidad, transversalidad y responsabilidad pública y coordinación institucional de actuaciones, entre otros.
Asimismo establece las bases para la cooperación y coordinación de las instancias gubernamentales, privadas y sociales para la atención, asistencia, tratamiento y rehabilitación de las personas que padecen problemas de adicciones; los derechos de los usuarios de los servicios y centros
