abr 14 2009

Solicitará Congreso retiro de la Policía en Cananea

                                                Hermosillo, Son. 14 de abril de 2009.- El retiro de la concesión de la mina a la empresa Mexicana de Cananea  y de la Policía Federal Preventiva que se encuentra en dicho municipio solicitará el Congreso del Estado de Sonora a las secretarías de Economía y de Seguridad Pública del Gobierno Federal, respectivamente.

Mediante un exhorto que se aprobó por unanimidad en la sesión de Pleno de hoy, la LVIII Legislatura también lo hace extensivo a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a fin de que brinde el apoyo necesario a los mineros de la Sección 65 del Sindicato Nacional Minero, en la búsqueda de solución a sus demandas.

A nombre de la Comisión de Asuntos del Trabajo, el diputado Reynaldo Millán Cota dio lectura al dictamen con base a un escrito que el diputado Ángel Mario Vázquez Huerta presentó el pasado 7 de abril, en el que expuso la necesidad de que el Congreso del Estado no esté ajeno a la problemática que afecta fuertemente a la población de Cananea.

La comisión consideró procedente en sus términos la solicitud e hizo suyos los argumentos bajo los cuales se sustenta la misma, concluyéndose que con dichas acciones legislativas, este Poder Soberano contribuye, dentro de sus facultades, a la búsqueda de la solución a un conflicto obrero-patronal.

“Además de que con tales acciones se tiene como objetivo tratar de prevenir que se pudieran dar enfrentamientos entre fuerzas policiales federales y los mineros, lo cual vendría a desestabilizar el ámbito social que impera en dicha región de nuestro Estado”, establece el dictamen.

El Acuerdo considera exhortar a la Secretaría de Economía del Gobierno Federal para que, bajo los procedimientos legales que correspondan, retire la concesión de la mina a la empresa Mexicana de Cananea, por no cumplir con lo establecido en la normatividad y busque preservar la fuente de trabajo que genera la actividad minera en esa localidad.

A la Secretaría de Seguridad Pública Federal para que retire de
                                            
                                                inmediato a la Policía Federal Preventiva acuartelada en los hoteles de Cananea, en virtud de que la justicia laboral ha fallado, de manera definitiva, a favor de la huelga de los mineros de la Sección 65 del Sindicato Minero Nacional.

Finalmente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que brinde el apoyo necesario a los mineros de la Sección 65 del Sindicato Nacional Minero, en la búsqueda de solución a sus demandas.

A nombre del grupo parlamentario del PAN por la Transparencia, el diputado Fernando Morales Flores dio lectura a una postura con cuatro propuestas que solicitaban fueran adicionadas al dictamen:

Propusieron que el Congreso del Estado solicitara al Gobernador la urgente creación de un programa de atención inmediata a la problemática social y económica de la población de Cananea, con especial énfasis en lo relativo a generación de empleos, garantizar la educación para los menores de edad y la atención a la salud.

Asimismo para que el Ejecutivo estatal, con la mayor brevedad, reasuma subsidiariamente la prestación del servicio de agua potable en el municipio de Cananea, en los términos del convenio celebrado entre ambas autoridades.

A la Compañía Minera de Cananea para que asuma una posición más sensible hacia la población de esa comunidad y demuestre su voluntad para dar pronta solución al conflicto laboral, y la creación de una comisión especial para la atención y seguimiento de la problemática, fueron otras de las propuestas.

Los diputados del PAN solicitaron que dichas propuestas se adicionaran al dictamen pero al no reunir la mayoría de votos no fueron aprobadas. El diputado José Salomé Tello Magos votó a favor de que se incluyeran, siempre y cuando el Gobierno Federal apruebe el Programa de Rescate Nacional propuesto por Nueva Alianza.

En la discusión en lo general participaron los diputados Morales Flores, Tello Magos, Guillermo Peña Enríquez, Carlos Amaya Rivera, Lina Acosta Cid, Edmundo García Pavlovich y
                                            
Leticia Amparano Gámez.

Turnan asunto y presenta posicionamiento diputada Amparano
En la misma sesión se aprobó el dictamen presentado por la Primera Comisión de Examen Previo y Procedencia Legislativa que acuerda remitir a la Comisión de Transporte el escrito presentado por el ciudadano Eduardo González Gaxiola, presidente de la Unión de Transportistas de Guaymas.

Esta persona había manifestado una serie de acontecimientos por los que atraviesa el transporte en dicho municipio y presentó un estudio socioeconómico, con la finalidad de que este Poder apruebe una nueva tarifa para el servicio público en la modalidad de pasaje urbano.

Como último punto del Orden del Día, la diputada Leticia Amparano Gámez leyó un posicionamiento con relación a las reformas a diversas disposiciones de la Ley de Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar para el Estado de Sonora: los códigos Civil, de Procedimientos Civiles, Penal y de Procedimientos Penales.

Expuso que en octubre de 2007 fue aprobada por el Congreso sonorense la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sin embargo en la entidad todavía no se cuenta con una legislación que garantice a las mujeres sonorenses una vida libre de violencia y que establezca consecuencias y sanciones severas para quienes cometen tales acciones.

En su carácter de Presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer, la diputada Amparano Gámez exigió a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política incluya dentro de la agenda legislativa de este Periodo de Sesiones Ordinarias, la dictaminación de la iniciativa de reformas a diversas disposiciones de la Ley.

Que haya sensibilidad y no haya posición de colores, pidió, y que se trabaje a favor de las mujeres de Sonora de manera urgente, sobre todo en estos momentos que el Poder Legislativo está integrado por 15 representantes de este género.

“Si no tenemos reformas a los códigos civiles y penales estaríamos dejando sin esqueleto la Ley”, aseveró.