Hermosillo, Son. 28 de mayo de 2009.- Para que opere la donación tácita y se elimine el condicionante de los familiares para quien no expresó su negativa en la utilización de sus órganos en trasplantes, la LVIII Legislatura enviará una iniciativa de Decreto al H. Congreso de la Unión, a fin de reformar la Ley General de Salud.
Las comisiones de Asistencia Pública y Salubridad, y Primera de Desarrollo Social, presentaron al Pleno el dictamen, que se aprobó por unanimidad y propone reformar el párrafo Primero del Artículo 324 de la mencionada legislación, con base a un escrito enviado a este Poder por el titular del Ejecutivo en el Estado.
A nombre de las comisiones, la diputada Irma Villalobos Rascón, dio lectura al documento que destaca la propuesta en el siguiente sentido:
Artículo 324.- Habrá consentimiento tácito del donante cuando no haya manifestado su negativa a que su cuerpo o componentes sean utilizados para trasplantes.
Actualmente dicho Artículo establece que esto se hará siempre y cuando se obtenga también el consentimiento de alguna de las siguientes personas: el o la cónyuge, el concubinario, la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante.
El propósito de la iniciativa es ampliar las perspectivas sobre la donación de órganos para brindar una esperanza de vida a miles de personas que están en espera de un órgano sano para vivir, conscientes de que ello
representa la gran diferencia entre una mejor calidad de vida y la problemática de su actual estado de salud.
El Acuerdo, que se aprobó por unanimidad, será remitido a las legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que si lo consideran procedente, se manifiesten a favor de la iniciativa de decreto.
Buscan evitar discrecionalidad
El Pleno aprobó este día la Minuta que fija los topes máximos a los salarios y pensiones de los servidores públicos de los poderes Legislativo y Judicial federales, enviada por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.
Se trata del establecimiento de una nueva política de sueldos en la administración pública federal, en las entidades públicas de todo género, en los poderes de las entidades federativas e, incluso en los ayuntamientos, ya que la discrecionalidad se ha mantenido como una auténtica política, haciendo necesaria una reforma al marco jurídico que ordene un sistema de percepciones adecuado a la realidad económica del País y de las finanzas públicas, dice el dictamen.
El mismo fue leído por el diputado Jesús Fernando Morales Flores, a nombre de la Primera Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, en cuyo dictamen señala este freno a la discrecionalidad de los servidores públicos es para evitar que las percepciones puedan rebasar, incluso, las percepciones del Presidente de la República, buscando con ello la posibilidad de eliminar
bonos, compensaciones, sobresueldos u otro emolumento que pudieran recibir y rebasar el tope indicado.
“Se plantea fijar un sueldo neto máximo para todos los servidores públicos del País, incluidos los funcionarios de organismos, empresas e instituciones de cualquier género del ámbito gubernamental y de los tres órdenes de gobierno, debiendo quedar incluido, en dicho sueldo, cualquier otra percepción en dinero o especie, de tal manera que se pueda combatir el uso de recursos públicos para gastos personales”, establece el dictamen.
El Congreso del Estado aprobó en todas y cada una de sus partes la Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Carlos Amaya Rivera consideró esta Minuta como un gran avance y recordó que el grupo parlamentario del PAN presentó hace tiempo una iniciativa de ley de remuneraciones a los servidores públicos del Estado de Sonora, la cual fue turnada a las comisiones de Hacienda.
En la sesión de este día se aprobó por mayoría la integración de la mesa directiva para el mes de junio: diputados Juan Manuel Sauceda Morales, presidente; Yolanda Pérez Ortiz, primera secretaria; Mónico Castillo Rodríguez, segundo secretario y Martha Redondo Arvizu, suplente.
La diputada María Cruz de la Rosa Ayala, quien fue propuesta en la terna para fungir como vicepresidenta, declinó aceptar.