Hermosillo, Son. 18 de junio de 2009.- Un punto de Acuerdo con relación a una petición ciudadana de juicio político que se consideró como improcedente, y un proyecto de Decreto que autoriza al Ayuntamiento de Guaymas a condonar recargos a los contribuyentes, fueron aprobados por mayoría en la sesión de hoy.
A nombre de la Primera Comisión de Examen Previo y Procedencia Legislativa, la diputada Magda Zulema Mosri Gutiérrez, dio lectura al dictamen con punto de Acuerdo que resuelve no es de tomarse en consideración el escrito presentado por el ciudadano Rubén Mendivil Calderón.
Esta persona, quien funge como representante legal de la asociación civil “Unión de Usuarios Agua Clara de Cajeme”, presentó una solicitud de juicio político en contra de los ciudadanos Francisco Villanueva Salazar, José Sergio Pablos Gutiérrez y Renato Ulloa Valdez, presidente municipal de Cajeme, director general del Organismo Operador de Agua Potable de ese municipio y ex director general del mismo, respectivamente.
El argumento fue que se violaron en perjuicio de dicho ciudadano y en el de sus representados, garantías individuales previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al cobrárseles un monto base de las cuotas por pago de servicio de agua potable y alcantarillado de dicho Municipio, adicional al cobro del consumo de los metros cúbicos que se registran en los medidores instalados para tal efecto.
Como medios probatorios presentó copia simple de 20 recibos del cobro de agua potable, expedidos por el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme, a diversos ciudadanos de ese Municipio, así como copia simple que contiene escritura constitutiva de la denominada “Unión de Usuarios de Agua Clara de Cajeme”, entre otros documentos.
La Primera Comisión de Examen Previo consideró que los medios probatorios son insuficientes para acreditar que los actos realizados redundaron en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, así como violaciones graves sistemáticas a las garantías individuales, pues no se desprende de los mismos en qué consistieron dichos perjuicios o violaciones.
Por lo tanto el Acuerdo aprobado por mayoría fue en el sentido de no tomar en consideración el escrito ciudadano de referencia, debido a que no se aportan pruebas suficientes con las cuales este Poder Legislativo pudiese tener por demostrado el perjuicio a los intereses públicos fundamentales, lo cual contraviene los requisitos de
procedibilidad consagrados en el segundo párrafo del Artículo 148 de la Constitución Política del Estado de Sonora, el cual tiene relación directa con el Artículo Quinto de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.
Previo a la votación del Acuerdo, el diputado Carlos Amaya Rivera solicitó que este asunto no fuera resuelto en esta sesión en virtud de no contar con suficiente información para resolverlo de manera justa y adecuada.
Agregó que necesitaba saber si existen más recibos de agua como los de las copias presentadas para poder determinar si se trata de una violación grave a un derecho de un gobernado. El asunto fue sometido a votación y se aprobó por mayoría.
El segundo punto del Orden del Día fue el proyecto de Decreto que autoriza al Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, a efecto de conceder la condonación del 100% a los contribuyentes en los recargos generados por el impago de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, en ejercicios fiscales anteriores, siempre que realicen su pago durante el periodo del 6 de julio al 16 de septiembre de 2009.
A nombre de la Tercera Comisión de Presupuestos Municipales, la diputada Lizetth Piña Preciado dio lectura al dictamen que establece es aplicable la disposición del Artículo 29 de la Ley de Hacienda Municipal, que en su parte conducente establece lo siguiente:
“Los ayuntamientos, previa autorización de la Legislatura local, podrán condonar o reducir los créditos fiscales por cualquier concepto, cuando por causa de fuerza mayor o por calamidades públicas, se afecte la situación económica de sus habitantes”.
Como integrante de la comisión, el diputado Ángel Mario Vázquez Huerta propuso modificar el Artículo Único Transitorio del Decreto, el cual establecía que el mismo entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, para quedar: “a partir del 6 de julio del presente”.
La propuesta fue apoyada por el diputado Amaya Rivera, quien expuso si se aprobaba dicho Artículo como estaba redactado, se correría el riesgo de que se utilizara con fines electorales, ya que quedaría publicado en los próximos días.
La diputada Irma Villalobos Rascón también apoyó la modificación por considerar que lo más apropiado es que el programa de condonación inicie el 6 de julio de 2009.
Posteriormente el diputado Óscar René Téllez Leyva, a nombre del grupo parlamentario del PAN por la Transparencia, dio lectura a un posicionamiento con relación a los
lamentables acontecimientos del pasado 5 de junio.
“Como grupo parlamentario felicitamos la forma como se ha actuado para tratar de aliviar un poco la situación tan lamentable de estos pequeños y sus familias.
“Sin embargo, respecto a la investigación e información que ha fluido hacia la sociedad y a los afectados, principalmente a través de los medios de comunicación, aún quedan muchas dudas por responder”, aseveró.
Sin perjuicio de las investigaciones que las autoridades de procuración de justicia llevan a cabo, sostuvo, resulta necesario analizar lo que constitucionalmente les corresponde como Congreso del Estado: el papel del Gobierno del Estado con relación a los acontecimientos del 5 de junio de 2009.
En el escrito, el cual se turnó este día en correspondencia a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, se establecen una serie de atribuciones que corresponden a la Unidad Estatal de Protección Civil del Gobierno del Estado, lo que ha hace responsable de inspeccionar el cumplimiento de la normatividad en materia de protección civil de la bodega que arrendaba la Secretaría de Hacienda del Estado, sostiene.
Con base a la serie de hechos que relatan en el escrito de referencia, los diputados del grupo parlamentario del PAN exigieron que este mes de junio se acuerde solicitar la comparecencia del Gobernador del Estado ante el Pleno del Congreso local, a efecto de que informe sobre la responsabilidad en el incendio de la bodega arrendada y las acciones que con relación a la determinación de responsabilidades se han implementado, y para que responda los cuestionamientos que los diputados formulen sobre su actuación en los acontecimientos mencionados.
Una vez concluida la lectura del posicionamiento, el diputado Guillermo Peña Enríquez, coordinador del grupo parlamentario del PRI, afirmó que los integrantes de éste se han opuesto a ventilar este asunto en el Congreso del Estado, no porque sean insensibles al dolor de las familias que perdieron a sus hijos, sino por respeto a la sociedad y para no politizar el tema.
“Que las autoridades hagan las investigaciones y que el Congreso no se convierta en Juez para juzgar, a priori, la culpabilidad o exoneración de quien tenga una responsabilidad.
“Una vez que concluya la investigación, si de esto se desprende que hay responsabilidad de cualquier nivel de gobierno, federal, estatal o municipal, que se aplique la Ley y que se cumpla con este precepto que tiene el Gobernador de `nada ni nadie por encima de la Ley”, expresó.