Hermosillo, Son. 30 de junio de 2009.- La LVIII Legislatura de Sonora clausuró este día el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias de su tercer año y eligió a la mesa directiva de la Diputación Permanente, misma que estará presidida por el diputado Guillermo Peña Enríquez.
Durante esta última sesión del Periodo Ordinario, los diputados aprobaron por unanimidad una iniciativa con punto de Acuerdo presentada por el diputado Ángel Mario Vázquez Huerta, la cual resuelve exhortar a la Secretaría de Educación y Cultura a fin de que implemente un programa de mediación escolar en las escuelas primarias y secundarias.
Además fueron turnadas a comisiones las iniciativas presentadas por los diputados Carlos Amaya Rivera, de adición de un Artículo 158 bis a la Constitución Política del Estado de Sonora y de ley de responsabilidad patrimonial, y Magda Zulema Mosri Gutiérrez, de reforma a diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Las dos primeras se turnaron a las comisiones Primera y Segunda de Gobernación y Puntos Constitucionales, y la otra a la de Estudio de la Ley Orgánica.
La mesa directiva, cuya propuesta fue hecha al Pleno por el diputado Reynaldo Millán Cota, quedó integrada por los diputados Guillermo Peña Enríquez, presidente; Guadalupe Getsemaní Varela Martínez, vicepresidenta; el propio Millán Cota como secretario; Magda Zulema Mosri Gutiérrez y Ventura Félix Armenta, suplentes.
En el último tramo de la LVIII Legislatura, la Permanente inauguró el Segundo Periodo de Sesiones Extraordinarias correspondiente al tercer año de su ejercicio constitucional, que inicia el 1 de julio y culmina el 15 de septiembre de 2009.
Mediación como actividad extracurricular
La iniciativa con punto de Acuerdo presentada por el diputado Vázquez Huerta destaca enviar un exhorto a la Secretaría de Educación y Cultura para que, en el marco de sus atribuciones y con el concurso de los consejos de participación social a que se refiere la Ley de Educación del Estado, implemente y opere un programa de mediación escolar en las escuelas primarias y secundarias.
La
propuesta hace énfasis en la formación de mediadores infantiles y adolescentes, como actividad extracurricular y opcional para los educandos en Sonora, así como para que las comisiones de Educación y Cultura convoquen y organicen a la realización de foros regionales de consulta sobre el tema.
El diputado Vázquez Huerta recordó que esta Soberanía aprobó en diciembre del año pasado la Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Sonora, que en su Artículo 2, fracción V establece: “promover los mecanismos alternativos de solución de controversias como alternativa a los conflictos entre la comunidad escolar”.
Asimismo señala en el Artículo 3, fracción V: mecanismos alternativos, los previstos en la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Estado, tales como la mediación, la conciliación y los demás que sean adecuados para la solución pacífica de controversias entre las partes”.
Este marco normativo, expuso, habla de la viabilidad y del sustento legal de su propuesta, por lo que considera pertinente que la Secretaría de Educación y Cultura, con el concurso de los consejos de participación social, puede implementar la formación de mediadores escolares infantiles y adolescentes, como una actividad extracurricular y opcional, atendiendo criterios de selección que tomen en cuenta la voluntad y el perfil de los candidatos a mediadores.
A estudio tres iniciativas
La primera iniciativa presentada por el diputado Carlos Amaya Rivera, para adicionar un Artículo 158 bis a la Constitución Política del Estado de Sonora, es con el objeto de fincar responsabilidad al Estado por los daños que con motivo de su actividad administrativa, error judicial, funcionamiento irregular o por ilegal privación de libertad, se causen en los bienes o derechos de los particulares.
Estos tendrán derecho a una indemnización, sostuvo, conforme a las bases, límites y procedimiento que corresponda, a fin de adecuar la Constitución local a las reformas consideradas en el Artículo 113, párrafo segundo de la Carta Magna, que establece:
“La responsabilidad del Estado por los daños que con
