Hermosillo, Sonora, 1 de diciembre de 2009.- Con la participación de los primeros tres aspirantes registrados para ocupar los cargos de consejero Presidente y suplente del Consejo del Poder Judicial, inició la etapa de audiencias públicas en el proceso de designación que lleva a cabo la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso del Estado.
En primer término, correspondió presentar su proyecto de trabajo y motivación para participar en este proceso al Lic. Ramón Ángel Orozco Bustamante, quien centró su propuesta en la urgencia de promover una mayor capacitación para quienes tienen en sus manos la impartición de la justicia.
Asimismo, planteó la necesidad de proveer de seguridad a jueces y magistrados y de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para subsanar deficiencias que a su juicio existen en los procedimientos y formas en que se realizan los juicios, toda vez que en ocasiones los jueces dictan sentencias sin llegar a conocer a los inculpados.
En la sesión de preguntas
y respuestas y a cuestionamiento expreso de los diputados integrantes de la Comisión, el participante consideró los mecanismos alternativos para la solución de controversias son una buena herramienta para resolver uno de los grandes problemas del sistema judicial, como lo es el hecho de que a los juzgados llegan los casos prácticamente con sentencia condenatoria, toda vez que si el inculpado carece de recursos, también carece de posibilidades de una defensa real.
En segundo término, se presentó Jesús Abud Tapia, quien subrayó que la impartición de justicia en Sonora sea más pronta, expedita y transparente.
Sostuvo que deben cerrarse puertas a actitudes viciadas en el Poder Judicial, y precisó como acciones específicas más vigilancia y cumplimiento de la Ley Orgánica, y que se desarrolle mayor autonomía, independencia e imparcialidad en la justicia y en la situación administrativa.
Abud Tapia consideró necesario fortalecer las unidades de mediación, incorporar avances tecnológicos a las oficinas y
en general, el sistema de impartición de justicia y afirmó que el presupuesto debe optimizarse además de fortalecer la infraestructura de juzgados de primera instancia en materia penal, principalmente.
Por su parte, en su exposición, Carlos Enrique Aubry Lemarroy, el tercer participante, propuso utilizar las herramientas legales como la mediación en los procesos judiciales e impulsar los juicios orales en la entidad, pues señaló que estos instrumentos eficientarán el gasto en la administración de la justicia, pues antes de iniciar una demanda o iniciar un juicio instrumentando la mediación como parte de la solución se beneficia el agraviado y el sistema en general.
De igual forma, dijo, los juicios orales serán útiles para erradicar la corrupción debido a que se promueve la inmediatez de las resoluciones para las partes. Otro aspecto, destacó, es la especialización de los funcionarios en cuanto a las nuevas Leyes que permitan el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la impartición de la justicia.