feb 23 2010

Acuerda Congreso enviar exhorto al Ayuntamiento de Hermosillo

                                                Hermosillo,  Son. 23 de febrero de 2010.- El Poder Legislativo enviará un exhorto al Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo y a diversas dependencias operadoras del suministro de agua de los tres niveles de gobierno, para que, en el marco de la licitación de la planta de tratamiento de aguas residuales “Cerritos”, se respete la disposición conforme a la NOM-003-SEMARNAT-1997.

En sesión ordinaria, la mesa directiva de la Diputación Permanente aprobó por unanimidad enviar dicho exhorto, que también está dirigido a los titulares de los organismos operador municipal “Agua de Hermosillo”, de la Comisión Estatal del Agua y de la Comisión Nacional del Agua, destaca el Acuerdo propuesto por los diputados César Augusto Marcor Ramírez y Héctor Ulises Cristópulos Ríos.

El diputado Marcor Ramírez expuso que el tipo de planta que regula la NOM-003-SEMARNAT-1997 es la adecuada para una correcta reutilización del vital líquido en el municipio de Hermosillo, además de que representa ventajas superiores a contar con una planta bajo la NOM-001-SEMARNAT-1996, debido a que la reutilización del vital líquido tratado genera mejores opciones para el propio Gobierno y concesionario.

“Una vez analizadas las normas ecológicas mexicanas vigentes y sus consecuencias en materia de agua, se concluye que la ciudad de Hermosillo y el Estado de Sonora requieren para las generaciones presentes y futuras, aguas tratadas de excelente calidad en las plantas tratadoras de aguas negras, como lo indica la Norma Oficial Mexicana NOM-003- SEMARNAT-97, en sus parámetros más estrictos en su modalidad 20/20 mg/l en la descarga”, establece el Acuerdo.

En la misma sesión ordinaria, el diputado Raúl Acosta Tapia dio lectura a una iniciativa con proyecto de ley que adiciona los párrafos tercero y cuarto al Artículo 46 de la Constitución Política del Estado de Sonora.

Expuso que el mencionado Artículo establece la obligación del Poder Ejecutivo estatal de informar cada año sobre el estado que guarda la
                                            
                                                administración pública estatal en sus diversos ramos, sólo que dicha disposición es muy general y no permite la posibilidad de cuestionar al titular de dicho Poder sobre temas que pudieran ser de interés para el Congreso del Estado.

“Motivo por el que considero que esta obligación debe de ser enriquecida con un nuevo formato que posibilite a los legisladores realizar preguntas por escrito, donde manifiesten sus dudas o ampliación sobre información por parte del Ejecutivo, del Procurador o de alguno de los secretarios del ramo, o bien sobre el actuar de las organismos públicos autónomos o paraestatales dependientes del Ejecutivo.

“Me permito plantear se modifique el citado Artículo 46 de la Constitución Política Local, para establecer la posibilidad, en primer término, de integrar la pregunta parlamentaria y, en un segundo lugar, abrir la posibilidad de sancionar a los servidores públicos que incumplan con ese mecanismo”, aseveró.

El diputado Acosta Tapia indicó que esta reforma a la Carta Magna hará necesarias una serie de modificaciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, y al Código Penal para el Estado de Sonora. La iniciativa se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Enseguida la diputada Eloísa Flores García dio lectura a una iniciativa con proyecto de ley que reforma el Artículo 89 de la Ley de Transporte para el Estado de Sonora, con el fin de dotar de facultades al titular del Ejecutivo estatal, para que esté en condiciones de contar con los elementos necesarios para la realización de un estudio técnico integral.

Expuso que actualmente dicho numeral dispone que la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano es la instancia encargada de realizar los estudios técnicos que resulten necesarios para determinar las tarifas que, en términos del Artículo 88 del mismo ordenamiento, autoriza el Congreso del Estado.

Dicha disposición establece cuatro aspectos a considerar para la
                                            
realización del referido estudio, dijo, mismos que son el tipo de servicio, el salario mínimo general vigente en la región, el precio del energético y los costos directos e indirectos que incidan en la prestación de dicho servicio, sin embargo sostuvo la legisladora, para la realización del estudio técnico resultan insuficientes y no son suficientemente contundentes para establecer una tarifa justa.

“Bajo esas condiciones es fundamental contar con todos los medios e información para la realización de un estudio técnico integral en el cual además de considerar los cuatro aspectos señalados en el Artículo 89 de la Ley en cuestión, se consideren otros que nos lleven a evaluar realmente la prestación del servicio, en la búsqueda de la mejora y la consolidación del servicio de transporte público en el Estado”, afirmó la diputada Flores García.

La iniciativa se turnó para su estudio a la Comisión de Transporte.

Como último punto del Orden del Día, el diputado Damián Zepeda Vidales dio lectura, a nombre del diputado José Enrique Reina Lizárraga, a un posicionamiento político con relación al proyecto de reforma política presentado por el Presidente de la República, relativo a los siguientes puntos:

•	Reelección de alcaldes, síndicos y regidores por un periodo no mayor a doce años;
•	Reelección de Diputados Federales y Senadores por un periodo no mayor a doce años;
•	Reducir el Senado de 128 a 96 integrantes y la Cámara de Diputados de 500 a 400;
•	Mínimo de votación para conservar el registro de partido del 4%;
•	Permitir la figura de candidatos independientes en todos los cargos de elección popular;
•	Establecer la figura de “iniciativa ciudadana”;
•	Establecer la “segunda vuelta” en la elección para Presidente de la República;
•	Facultar a la SCJN para la presentación de iniciativas de ley;
•	Iniciativas preferentes y aprobación por referéndum;
•	Facultar al Ejecutivo a presentar anotaciones sobre el presupuesto ante el Congreso, esto independiente a su facultad de veto.